Legality presenta una demanda por desahucio y reclamación de renta de alquiler impagado de una vivienda. Las partes estipularon un contrato verbal determinando las características del contrato; sin embargo el los últimos años los inquilinos no pagan la totalidad de la renta aprovechándose de que el contrato era verbal  y no tenía constancia escrita.

Legality, presenta demanda sufragando el contrato mediante la voluntad de las partes conforme a la interpretación social de los hechos, según el código civil, y reclamando la renta vencida de los últimos años, no pudiendo el inquilino demostrar su pago.

El argumento jurídico manejado por Legality, es un concepto habitual sin embargo de difícil demostración en las salas de los Juzgados y se puede sufragar únicamente si el propietario siempre ha actuado en buena fe con comportamiento concluyente y finalizado a la ejecución del contrato.

El asesoramiento jurídico estaba finalizado al desahucio de la vivienda, consecuentemente se entablaron una serie de actividad jurídica mediante burofax y comunicaciones fehacientes que condujeran a impedir que el inquilino realice la enervación y se quede en la vivienda tras haber incumplido reiteradamente el contrato y la buena fe contractual.

El inquilino, era un empresario, que había alquilado un chalet en la playa de Málaga, y se aprovechaba de que el propietarios no vivía en España y para presentar una demanda de este sentido hacen falta aportar mucha documentación sobre la condición del propietarios y la demostración de titularidad de la vivienda, y en determinados casos también es preceptiva su presencia en la sala durante la vista de desahucio.

Legality ha preparado el procedimiento para reducir al máximo las molestias para el propietario y de esta forma encaminar el juicio conforme a las expectativas del cliente.

La contaminación acústica es el mayor problema que la sociedad hodierna; las actuaciones judiciales contra la contaminación acústica pueden  desarrollarse desde las perspectivas civiles y penales.

Civilmente se pueden pedir los daños y perjuicios causados tras una conducta molesta para los demás. La calificación de los daños asume la categoría de daño moral y su cuantificación actualmente es bastante controvertida. Legality patrocina un concepto de indemnización por daño moral tras contaminación acústica configurado como un porcentaje de la cuota de participación en la comunidad de propietarios mediante precio de vivienda o precio de arrendamiento y multiplicado por el período en el que la personas ha sufrido esta contaminación.

Este concepto proporciona mayor indemnización para la victima de la contaminación acústica.

Penalmente la contaminación acústica es un delito contra el medioambiente y contra la convivencia social pudiendo originar daños psicológicos, estrés, daños psicosociales en la vida de relación.

Para justificar adecuadamente la presentación de la demanda o denuncia es necesario aportar un principio de prueba de que efectivamente la contaminación supera el nivel permitido. Generalmente se presenta una pericia acústica o se pide a los servicios de urbanismo o de control acústico del ayuntamiento.

Legality Ha presentado varias demandas sobre contaminación acústica utilizando en sus mejores demandas y querella la jurisprudencia del Tribunal Supremo actualizada y moderna, la Jurisprudencia del Alto Tribunal de Justicia de la Comunidad europea actualizada según las últimas directivas comunitarias, de esta forma intenta contribuir al desarrollo de la mejor doctrina y jurisprudencia jurídica.

En los últimos tiempo es praxis habitual por la subdelegación de gobierno denegar la renovación de las tarjetas de residencia por informe desfavorable de la Policia, cuando el extranjero tenga un procedimiento penal en curso, en concreto una investigación y la comisaria le detuvo y posteriormente le puso en libertad.

La policia cuando tiene noticia de un elemento que pueda conllevar una actuación penal, detiene la persona que comitió el hecho.

Esta detención policial es suficiente para que la misma policia emita un informe desfavorable a la subdelegación de gobierno.

Sin embargo el proceso penal, sigue su curso.

Conforme al principio de inocencia reconocido por la constitución española, nadie puede sufrir las consecuencias de un delito si el juez no le haya previamente condenado.

En este caso un extranjero, un inmigrante, sufre las consecuencia de la detención, aunque el juez tiene que decir la última palabra. Y esto puede fundamentar la denegación de la tarjeta de residencia y consecuenmente la expulsión.

Es conveniente siempre impugnar la decisiones cuando no sea favorable.

En este caso, Legality impugnó mediante recurso de alzada aportando jurisprudencia bastante sobre el merito del asunto, y aportando documentos que justificaban la investigación en curso.

La subdelegación admiitió el recurso de alzada, y concedió la renovación de la tarjeta de residencia, todo esto en el plazo de un mes.